El Hornero 1 de octubre de 2001

MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA EMISORA EDUCATIVA "El HORNERO"
REVISTA Nº XXV- 2001

Este Adjunto está confeccionado con las informaciones recibidas en la Emisora Educativa El Hornero. En éste, la Redacción de El Hornero no tiene participación alguna, excepto a la limitación de extensiones de algunos artículos.

EDITORIALES
Cepal	DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLANIFICACION AMBIENTAL
Ciudadania efectiva	América Latina se despierta

Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes
Autor Jorge Rodríguez Vignoli

Los jóvenes de la región tienen enormes activos potenciales, pero su realidad sigue marcada por la precariedad y la exclusión. Esa vulnerabilidad ¾que, si bien adolece de algún grado de transversalidad, tiene un correlato estrecho con la segmentación socioeconómica entre los jóvenes¾ se debe tanto a una lógica institucional y sectorial que ofrece pocos espacios a los jóvenes como a una dinámica vital marcada por procesos complejos, como la definición del yo y la puja entre emancipación y dependencia. En el marco de esta oposición, las conductas reproductivas se erigen como fuentes emergentes de vulnerabilidad, pues socialmente se consolida un patrón de retraso de la nupcialidad y de la reproducción funcional al desempeño y la movilidad social pero culturalmente no se proporcionan los elementos (educación, normas, visión estratégica, oportunidades efectivas de movilidad social, medios de control) para lograr tal patrón. ¿Qué hacer para reducir la vulnerabilidad de los jóvenes? Abrir espacios para su participación social; luego, actuar sectorialmente en consonancia con las dimensiones del proceso de integración social que experimentan los jóvenes, es decir, actuar en educación, inserción laboral, salud y hábitat. Tercero, avanzar hacia políticas, planes y programas transectoriales, que son claves para enfrentar algunos riesgos que experimentan los jóvenes. Finalmente, deben revisarse las políticas de juventud para que: (a) permitan la concertación del conjunto de actores públicos y privados relevantes; (b) logren que los organismos especializados cumplan funciones de articulación y promoción más de que ejecución directa, y (c) usen a las agencias sectoriales y a los gobiernos locales para su puesta en práctica.

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Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?
Autor Jorge Rodríguez Vignoli

A partir de la definición de segregación residencial socioeconómica como la ausencia o escasez relativa de mezcla socioeconómica en las subunidades territoriales de una ciudad, se elabora un procedimiento para cuantificarla de manera sintética mediante el análisis de la varianza. Al aplicar este procedimiento a diferentes escalas geográficas dentro de la ciudad (comunas, distritos, manzanas) se obtiene un indicador resumen de la segregación para cada escala, cuyo cotejo informa sobre la modalidad de la segregación.

La aplicación de esta metodología en Santiago de Chile (usando información del censo de población y vivienda de 1992) muestra una ciudad segregada, hecho reflejado en que el factor territorial representa hasta un tercio de la varianza socioeconómica total; sin embargo, todavía hay cuotas importantes de mezcla socioeconómica dentro de sus subunidades territoriales. La aplicación del procedimiento usando el censo de población y vivienda de 1982 muestra un ligero descenso de la segregación residencial en el período 1992-1982, aunque el procedimiento no permite especificar los determinantes de esta tendencia.

Pese a esta imagen de segregación moderada y más bien estable, el hecho de que el grueso de población de altos ingresos siga concentrándose en unas pocas comunas del Oriente de la capital y que los grupos socioeconómicos más desaventajados residan mayoritariamente en comunas periféricas constituye un desafío enorme, pues genera efectos perversos sobre el proceso de descentralización, y sobre las opciones de integración social en la ciudad, y sobre la calidad de vida y opciones de movilidad social de los pobres.

Hay, entonces, un gran espacio para intervenciones destinadas a mitigar, al menos, el impacto adverso que la segregación tiene sobre los grupos más postergados de la población y que se expresa, por ejemplo, en limitaciones para acceder a redes y contactos, carencias de socialización, estigmatización y una oferta insuficiente de servicios entregados descentralizadamente

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Adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe: problemas, oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo.

Se aborda la temática adolescente y juvenil en tres aspectos fundamentales para someter a la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno. Primero se analiza la situación del crecimiento y maduración de los adolescentes, exponiendo los problemas, oportunidades y desafíos a que se enfrentan actualmente. A continuación se menciona un conjunto integrado de políticas públicas sectoriales en lo concerniente a educación, salud e inserción laboral y social. Por último se formulan proposiciones articuladas, y centradas en el terreno estratégico y de la gestión, con vistas a mejorar sustancialmente la eficacia, eficiencia y pertinencia de las acciones que se emprendan. Por consiguiente, se propone incorporar decididamente a las políticas públicas el desarrollo de una real perspectiva generacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes.

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Juventud, población y desarrollo: problemas, posibilidades y desafíos.
Autor Área de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) -

División de Población de la CEPAL

El objetivo general de este documento es examinar —desde el punto de vista de sus vínculos con la población y el desarrollo— las características y perspectivas de los jóvenes de América Latina y el Caribe. La exposición se ordena en torno a una interrogante central: en qué medida la situación y las particularidades actuales de los jóvenes de la región permiten el despliegue de su aporte potencial a la producción y reproducción de una sociedad orientada hacia un desarrollo balanceado en sus aspectos económicos, sociales y políticos; esto es, un desarrollo que promueva el crecimiento económico con integración social sobre bases de equidad y democracia. Guiado por esa pregunta, el análisis destaca aquel aporte potencial y presta atención a las barreras y problemas que impiden su concreción.

autor: infoagro

México requiere con urgencia, pero planificadamente, instaurar políticas de desarrollo sustentable en materia ambiental ante el acelerado proceso de destrucción de sus recursos naturales que tuvo el siglo pasado, señaló el presidente Vicente Fox.

Por ello, considera como aspectos de seguridad nacional el cuidado de sus bosques y sus aguas, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en su exposición ante el Congreso de la Unión con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

Admitió que el país tiene un rezago de 70 por ciento en tratamiento de aguas residuales, control de residuos sólidos y peligrosos, control de la contaminación atmosférica, reforestación, y restauración de suelos, entre otros daños a la naturaleza.

Sostuvo que a partir del primero de diciembre de 2001, el medio ambiente "adquirió una nueva dimensión en la estructura y funcionamiento del Gobierno Federal, conviertiéndose en tema de prioridad nacional".

La política del Estado, añadió, se ha orientado a lograr un manejo integral de los recursos naturales, por lo cual la gestión ambiental se ha planteado a su vez el fortalecimiento de una cultura del cuidado ambiental y el desarrollo equilibrado entre el ser humano y la naturaleza.

Entre los programas sexenales en la materia, precisó que giró instrucciones a dependencias del gobierno federal y a otras para emprender la Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua, así como la Cruzada Nacional por un México Limpio, en las que participan también los gobiernos estatales y municipales, académicos y empresarios, entre otros.

El informe escrito destaca que México se ubica entre las 12 naciones con mayor megadiversidad en el mundo, además de que entre el 10 y el 12 por ciento de todas las especies de flora y fauna existentes en el planeta se localizan en el país.

Eso permite la certeza de que los bienes y servicios ecológicos que proporciona la biodiversidad, así como el logro de un mayor número de Areas Naturales Protegidas (ANP), constituyen un "activo estratégico para el país, y por ello la importancia de revertir los elevados procesos de degradación, asentó.

México, perdió anualmente en el periodo 1980-1990 un promedio de 600 mil hectáreas de bosques y selvas, con lo que participó activamente en la depredación a nivel mundial, por deforestación, incendios o sobrepastoreo, y el daño ascendió a 15 millones de hectáreas en todo el orbe.

En cuanto a los recursos hidráulicos, se sabe que 96 de los casi 300 acuíferos que hay en todo el país se encuentran contaminados, pues en la actualidad 74 por ciento de las aguas residuales municipales y 82 por ciento de las aguas industriales, se vierten a los cuerpos de aguas sin recibir tratamiento alguno.

Desde esa perspectiva, las redes municipales de agua potable pierden hasta el 50 por ciento por fugas en la red de distribución, y el 55 por ciento del agua de riego agrícola se pierde por evaporación e infiltración.

El texto del informe añade que frente a una problemática que afecta a la "seguridad nacional", según decreto presidencial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha emprendido diversas acciones de Gestión Ambiental, entre ellas los Programas de Auditoría Ambiental y las revisiones en Zonas Federales Marítimo Terrestres.

El informe del Ejecutivo federal asienta que el fomento productivo, limpio y sustentable, permitira consolidar un modelo de desarrollo económico sustentable que no ponga en riesgo los recursos naturales de los que dependen las generaciones futuras.

Asimismo, propone que atender en forma "mucho más efectiva, las presiones ambientales derivadas de las actividades productivas, dada su enorme relación con la contaminación ambiental, los riesgos a la salud y la destrucción de ecosistemas

CEPAD- Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La preocupación de nuestros Estados ha estado orientada a proponer y ejecutar reformas de Estado en materia administrativa e institucional. Esta afirmación, precisamente en un momento de crisis institucional y económica en nuestros países, demuestra la gran inquietud existente por las formas y los procedimientos.

La globalización enfrentó a la sociedad con la economía de mercado; los componentes políticos y sociales quedaron para la segunda generación de reformas, como eufemísticamente se llamó el abandono de lo social y de la participación; la necesidad ha impuesto una nueva agenda que prioriza esos contenidos. Y cuando la democracia se profundiza y la participación se institucionaliza, llegamos a la economía por otra vía, por la de una sociedad azotada por la pobreza que no resolvió sus necesidades luego de achicar el Estado, privatizar las empresas públicas y hacernos vivir en relación al mercado.

Unido al concepto de ciudadanía, hoy aparecen nuevamente las demandas sociales por una sociedad más equilibrada y justa, que interpelan al aparato administrativo público por la falta de oportunidades en lo económico; comprobamos con características patéticas que la gestión pública, en América Latina, tiene varias asignaturas pendientes para establecer un equilibrio entre sus acciones y las expectativas ciudadanas.

Los temas de corrupción y de desconfianza enraizada en las relaciones cotidianas, enrarecen el oxígeno democrático. Esa constatación de realidad obliga a buscar, en escenarios distintos de los que estamos enfrascados hasta ahora, instrumentos que permitan alcanzar un punto de equilibrio para nuestra vida en sociedad en su relación con el Estado.

En esa lógica de recuperar nuestro futuro y la esperanza, y a partir del valor democrático alcanzado, hemos detectado cinco variables que pueden proporcionarnos algunas opciones; en un acto de prospectiva, profundizamos en retos que son consecuencia de los procesos de participación ciudadana y descentralización iniciados en nuestros Estados.

1. Ciudadanía efectiva

Los avances en la democracia participativa y deliberativa que se convierten en una riqueza social no despreciable proporcionan una categoría política que podría permitir superar la simple demanda del cumplimiento de los derechos, al ejercicio de la ciudadanía plena, entendiéndola como el asumir, también, a través de un nuevo pacto social, la responsabilidad y obligaciones que tenemos para reforzar un Estado suficiente y justo. Para esto es necesario concretar espacios de diálogo que luego se transformen en acciones concretas desde la sociedad civil y el Gobierno. Esto significa profundizar prácticas legalizadas por la participación popular para reforzar la gobernabilidad democrática, paso superior al de sostener aparatos administrativos por sí mismos generando escenarios de concertación social que, en vez de responder a coyunturas extremas, tengan la capacidad de evitarlas.

La revalorización de la función pública es un mandato revolucionario en este momento de nuestra democracia para recuperar un espacio hasta ahora perdido por un Estado que, en su desprendimiento de funciones innecesarias, pareciera ha abandonado la razón de su existencia como restablecedor de equilibrios económicos, políticos y sociales. Del Estado mínimo con el que trataron de convencernos, debemos construir un Estado suficiente.

La multiplicidad de nuevos actores, nuevos porque los estamos (re)conociendo (indígenas, mujeres, campesinos, pequeños grupos productivos), requiere el marco institucional para que la energía que aportan sea canalizada creativamente para superar el estadio de la reivindicación en el que se encuentran. Cada uno de ellos ha demostrado su capacidad innovadora, corresponde al Estado darle las condiciones para su desarrollo pleno.

2. Desarrollo económico local

La segunda se refiere a la necesidad de que el Estado reconozca que es a partir del esfuerzo que los ciudadanos realicen desde la base económica y productiva que podrá comprenderse la necesidad de producir económicamente para mantener soberanía política. Si bien la generación de riqueza en los niveles locales sólo encuentra trabas y es evidente que en dicho ámbito no se resuelven las variables de mercado, precio, incentivos, capitales y políticas, será el esfuerzo de los actores locales y de los gobiernos municipales, convertidos en facilitadores de actividades productivas de naturaleza económica en favor de la población, los que generarán desarrollo económico local, aceptando que los procesos económicos pueden iniciarse en el nivel local para lograr productividad y competitividad en mercados de consumo, a veces, fuera del ámbito nacional. Se trata de superar la simple espera de capital externo y la inversión en empresas municipales para promocionar las condiciones que la iniciativa económica requiere para mejorar la calidad de vida de los habitantes y sus comunidades. Experiencias que creen instrumentos de desarrollo económico y de promoción productiva están demostrando la importancia de este escenario.

El desarrollo económico, impulsado desde una óptica micro, con soluciones concretas y prácticas a los problemas de carácter local, por su naturaleza cercana a las actividades productivas, requiere ser alentado con las condiciones necesarias creando mecanismos de coordinación entre el sector publico y privado. Es además la única estrategia sustentable a mediano plazo para luchar contra la pobreza y enfrentar con mejores instrumentos la negociación con los centros económicos. Este componente, unido a la ciudadanía efectiva, permite descubrir lo local como parte de lo global, frase que por repetida no siempre es asumida ni respetada.

3. Gestión territorial

La tercera variable se refiere a realizar un ordenamiento territorial que, reconociendo lo existente, adecue la división administrativa del Estado para lograr eficacia.

La mayoría de las materias y competencias municipales no pueden resolverse en el ámbito expreso de la jurisdicción municipal y los municipios requieren asociarse para lograr mejores resultados; la conformación de mancomunidades municipales es el resultado de la necesidad de alianzas entre dos o más municipios voluntariamente asociados, para superar limitaciones y efectuar inversión concurrente con otras instancias del Estado y sectores privados, para lograr objetivos de desarrollo. La mancomunidad municipal se convierte en un instrumento del ordenamiento territorial, en un facilitador de la inversión, en un instrumento de apoyo a la gestión de los municipios que la integran y en una propuesta de desarrollo cuando logran proponer un plan de desarrollo mancomunitario. En algún momento, la mancomunidad se convertirá en la propuesta de región territorial ajustada a la realidad, reagrupando lo dividido y fortaleciendo el desarrollo en una alternativa que solucione problemas de externalidades, la provisión de bienes públicos y proyectos de desarrollo entre dos o más jurisdicciones municipales.

Nuestros Estados han dado pasos importantes en el desarrollo de la capacidad de gestión administrativa de los gobiernos municipales y las potencialidades de implantar catastros y fortalecer los ingresos propios municipales; el cobro de impuestos municipales es una experiencia que, si bien no se ha desarrollado a plenitud por razones principalmente de naturaleza política – enfrentarse con el evasor-elector – y la existencia de práctica pocos transparentes en los sistemas de recaudación que favorecen corrupción e incumplimiento, requieren ser analizadas en este nuevo marco.

Este componente debe tomar en cuenta la situación de crisis económica que soportan la mayoría de nuestros países, la falta de disciplina fiscal, la ausencia de instrumentos económicos de apoyo y fomento al desarrollo económico local y la exención de pago del que gozan los pequeños y numerosos propietarios de tierras.

4. Sociedad de la información

El utilizar los instrumentos de la sociedad de la información como una opción válida para ayudar a nuestras sociedades a dar el salto tecnológico sobre la base de nuestra cultura parece un reto que no puede ser desconocido para facilitar el relacionamiento de lo local con la globalización. La necesidad de superar la satanización de procesos globales, para aprovechar sus instrumentos y posibilidades, debe permitirnos, al conocer sus reglas, integrarnos e incorporarnos con nuestra diversidad al mercado y la utilización de sus reglas de juego. Poner en valor las propias posibilidades requiere de un trabajo sostenido e inteligente que ayude a superar las reacciones adversas que despiertan propuestas de esta naturaleza y que permita alcanzar producción y competitividad.

En un mundo globalizado la información y su difusión es de vital importancia; reconociendo la existencia de controles tecnológicos, precios exorbitantes por el conocimiento, imposibilidad de acceso masivo, no debemos perder de vista que si fortalecemos el uso de la información y diseñamos estrategias adecuadas de masificación, podremos convertir nuestra diversidad social en una ventaja que aproveche los espacios de la globalización para lograr desarrollo.

Experiencias ejecutadas desde lo local con organizaciones indígenas y pequeños productores han demostrado que ellos son menos reacios a utilizar estos instrumentos que lo que suponen quienes los rechazan por razones ideológicas. Así mismo, se trata de colectivos menos vulnerables que quienes piensan que, por esa vía, se perderá identidad y la cultura.

5. Desarrollo sostenible

Estamos volviendo al paradigma del desarrollo sostenible como política de Estado, que se planteó teóricamente y que pasados los entusiasmos de su necesidad, no había producido cambios de actitud y de comportamientos masivos en nuestros países. Estamos en la necesidad de recuperar el camino abandonado para convertirnos en una sociedad que vive y asume conscientemente la aplicación de los principios universales de la sustentabilidad en su espacio geográfico.

La pérdida de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad que unida al deterioro y fragmentación de los hábitats, a la introducción de especies, la explotación excesiva de plantas, animales y peces, la contaminación, el cambio climático, la agricultura (reducción de las variedades empleadas, plaguicidas) y repoblaciones forestales con monocultivos de rápido crecimiento como lo repiten organizaciones internacionales sobre la materia, preocupan al mundo desarrollado.

Las consecuencias indeseables de un desarrollo económico insostenible encuentran en América Latina la posibilidad de modificarse radicalmente. Todavía tenemos lo que el mundo necesita y está demandando. Pareciera, paradójicamente, que la pobreza endémica, nuestro subdesarrollo, la falta de caminos, nuestra poca población, puede ser el mejor instrumento para negociar mejores condiciones con el mundo desarrollado, si logramos tomar conciencia de ello.

Protección consciente de la biodiversidad, utilización responsable de los bosques tropicales, protección de las especies y los hábitats en los que viven, tienen un costo que el mundo de las superpotencias debe cubrir para que nosotros cumplamos la responsabilidad que nos corresponde.

La desaparición de especies, la uniformidad alimenticia, el abandono de variedades medicinales y la debilidad creciente frente a plagas y enfermedades son razones suficientes para un nuevo pacto mundial sobre este aspecto para no llegar a la “guerra del agua”, que ya ha sido presagiada, mientras la biotecnología y la ingeniería genética trata de imponerse.

La palabra “bosques tropicales”, por lo que ellos representan y contienen, puede ser mágica para redimensionar relaciones que nos permitan vivir con mayor dignidad. Desconocemos todavía, irresponsablemente, los alcances del contenido humano y mundial del desarrollo sostenible. Hay ahí una prueba para nuestra ciudadanía efectiva. Volvemos de nuevo a ella como el elemento fundamental de relaciones sociales y políticas.

6. A modo de conclusión

Estos cinco principios, plantean una visión integrada de la ciudadanía, el territorio, los recursos naturales, la globalización, el desarrollo y la participación. Y los cinco componentes encuentran avances inorgánicos en la gestión pública de nuestros Estados y en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.

El debate sobre los sistemas de representación política e inclusión social adquiere una dimensión distinta cuando ambas categorías son ubicadas en calidad de instrumentos pues la pregunta inmediata es ¿para qué? Las respuestas prácticas demuestran que la base social conoce muy bien sus necesidades y que lo que desconoce es cómo superarlas. Paradójicamente, los niveles académicos nos entretenemos muchas veces en descubrir y acercarnos a una realidad cuya demanda ya no requiere de diagnósticos.

El reto es decodificar el conocimiento de su ropaje innecesario y acercarnos a la sociedad para dar las respuestas ajustadas al futuro. Los actores sociales necesitan dejar de ser vistos como sujetos de estudio para convertirse en protagonistas. En escenarios de esa naturaleza, adquieren su valor extraordinario la institucionalidad, la ciudadanía y la gobernabilidad.

Nos toca aceptar el reto. Todavía estamos a tiempo.

Autor: ALAIN TOURAINE (*) Fuente: NAC & POP
En todos los continentes, las sociedades sólo se mueven cuando se sienten aplastadas por la violencia. Hay víctimas por todos lados; los actores sólo se ven en contadas ocasiones y, a menudo, ellos mismos se transforman en víctimas. América Latina está silenciosa, triste y, si bien el número de víctimas ha disminuido en América Central, sigue siendo muy elevado en Colombia, donde la sociedad se disuelve bajo los golpes, opuestos pero convergentes, de guerrillas, paramilitares, traficantes de drogas y, quizá mañana, del plan colombiano de Estados Unidos.

Pero la gente, adormecida bajo la imagen falsamente aseguradora de un capitalismo extremo rebautizado con el nombre de globalización, se despierta al fin y vuelve a la realidad. Estos días he visto cómo revivían tanto el sur como el norte del continente, de maneras aparentemente muy diferentes, pero que en el fondo tienen mucho en común.

En el norte, la marcha zapatista a través de México y la llegada de la caravana a la capital ilumina vivamente este país, que vive una transformación completa de su identidad cultural y de su vida política. La caída del PRI ha hecho posible la formación de partidos independientes del aparato estatal: el mismo PRI; el PAN, partido del presidente Fox; el PRD, al que pertenece el alcalde de México DF, López Obrador.

Los primeros meses del nuevo Gobierno no han mostrado una gran capacidad de refundación de los partidos. Es una de las razones por las que el presidente está tan atento a lo que pasa o puede pasar en la otra mitad del país, la de los que están fuera de juego, los excluidos de la economía, de la política y de la cultura. Se ha entregado con todas sus fuerzas a la búsqueda de la paz en Chiapas, seguramente para oponer la idea de la paz a la de movimiento social, cultural y nacional que anima a Marcos.

Pero es Marcos quien lleva la iniciativa, sobre todo debido a que el Gobierno no ha cumplido todavía todas sus promesas: sigue habiendo prisioneros políticos y el Ejército ocupa todavía algunas localidades. Marcos ya ha superado el peligro mayor: permanecer encerrado en la defensa de los indígenas de Chiapas. A decir verdad, jamás se había encerrado en ella, porque siempre asoció la defensa de los mayas a la apertura y profundización de la democracia en México. Pero ahora es éste el tema que pasa a primer plano.

La marcha zapatista no va a verterse en un partido como lo hace un afluente en un río.

Hoy, Marcos habla en nombre de todos los indígenas; mañana lo hará en nombre de todos los pobres pertenecientes a esa mitad de la población que no está integrada en la vida económica y nacional del país. Al adoptar oficialmente una concepción mestiza de sí mismo, México se había negado de hecho a reconocer la identidad indígena en nombre de su política indigenista. Ahora hablan por fin los indígenas.

La sociedad mexicana se encuentra, pues, en pleno despertar, incluso aunque la desastrosa huelga de la Universidad Nacional ha dejado fuera de juego a los grupos ideológicos más radicales. La acción de los indígenas mexicanos no es una acción aislada: tanto en Ecuador como en Guatemala, en Bolivia, incluso en el país mapuche, al sur de Chile, se puede ver cómo se organizan los indígenas para intervenir y expresar su rechazo a un orden político que les confina en la exclusión.

Aparentemente no hay nada en común entre la acción de los indígenas y las campañas que se están desarrollando en los países del sur del continente a favor de la defensa de los derechos humanos y la condena de los antiguos responsables del terrorismo de Estado. Y, sin embargo, también se ve en estos casos cómo se unen valores universalistas como los de la justicia y la igualdad de derechos y la defensa de unas víctimas menos ligadas a categorías culturales, que son víctimas directas e indirectas de la represión. En nombre de la sangre de los fusilados, de los torturados y de los desaparecidos de una amplia parte del continente se habla hoy de derechos humanos y de democracia.

Estos términos han sido durante mucho tiempo objeto de desprecio y de rechazo, debido a que la única actitud admitida era el llamamiento a una revolución que acabaría con un Estado al servicio del capitalismo extranjero. Pero, en pocos años, ese viejo vocabulario ha desaparecido, salvo en parte de la población estudiantil y universitaria. Es ésta una mutación que puede parecer natural para todo aquel que busca la democracia, pero que, sin embargo, no lo es tanto, y por eso es tan importante.

En los países del Sur, en los países en los que se ha desarrollado la Operación Cóndor, es decir, la cooperación de las políticas y del terrorismo de Estado de la región, representa un despertar semejante en muchos aspectos al movimiento zapatista. En los dos casos se une una defensa de las víctimas, de su identidad y de sus raíces históricas a la exigencia de una democracia más amplia y más fuerte, capaz de dejar oír la voz de los excluidos.

En América Latina, como en otras partes, la vida propiamente política, la de los partidos y los Parlamentos, está desde hace tiempo paralizada o incluso destruida. Pero, por un lado, los efectos de la globalización en el continente centran cada vez más los debates políticos y sociales, y, por otro, se oye de nuevo la voz de la conciencia popular, que unas veces toma la forma de la marcha zapatista en México, y otras, la de las campañas llevadas a cabo para la detención y la condena de aquellos que reforzaron los obstáculos para la democracia.

Lo que pasa estos días en México es más espectacular y manifiesta una experiencia colectiva más visible. Pero, en Brasil y en Chile, el llamamiento a no perder la memoria va ganando a la tentación del olvido. En Argentina, la búsqueda de los desaparecidos y de los culpables se lleva a un nivel más activo y más consciente de sus implicaciones.

Mientras se debilita el mundo de los dirigentes, de las instituciones y de los medios de comunicación, el mundo de las víctimas, de los pobres, de los excluidos, alza la voz. Una voz quizá todavía poco alta; pero la creencia irracional en un capitalismo incontrolado ya ha sido sustituida por una exigencia de justicia, de respeto de los derechos humanos y del ejercicio del principio de justicia universal. Ya podemos decir que lo peor ha pasado y que la acción democrática se pone en marcha de nuevo.

(*) Alain Touraine es sociólogo, director del Instituto de Estudios Superiores de París.