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¿Qué Justicia exige la Corte?
Manuel
Rozental
ALAI AMLATINA
El régimen que Gobierna a
Colombia, acaba de ser objeto de
una comunicación de un Fiscal de
la Corte Penal Internacional. Es
necesario clarificar que al
utilizar el término "régimen"
nos referimos a mucho más que el
Gobierno presidido por Álvaro
Uribe. El régimen incluye la
institucionalidad Nacional y
transnacional, la estructura y
flujo de poder, las políticas
que allí se elaboran e
implementan, los recursos que
maneja y los objetivos que
persiguen.
El régimen incluye a las
transnacionales que arman,
entrenan y financian escuadrones
de la muerte (Chiquita Brands y
todas las bananeras, Drummond,
Coca-Cola, según confesiones de
paramilitares y evidencias
acumuladas) y que no han sido
objeto aún de los procesos de
investigación jurídica que se
requieren. También incluye a los
Gobiernos extranjeros de
potencias encabezados por los
EEUU, que dictan las políticas e
imponen el sentido y propósitos
del régimen al servicio de las
transnacionales, es decir, el
uso y abuso de recursos públicos
de estos Gobiernos para acceder
a territorios y riquezas para
beneficio de las corporaciones
transnacionales: Plan Colombia,
IIRSA, Escuela de las Américas,
iniciativas militares y de
inteligencia con el mismo
objetivo. El régimen así
constituido de manera
transnacional y con una
estructura de poder vertical al
servicio del gran capital, es
quien recibe esta carta de la
Corte Penal Internacional a
través del Gobierno de Colombia.
Veamos:
1. El Fiscal Argentino Luis
Moreno, actuando a nombre de la
CPI, dice en su carta publicada
en el Nuevo Siglo:
"Investigaremos de cerca por qué
algunos ex paramilitares fueron
extraditados a los Estados
Unidos", con lo que advierte al
régimen que, si la Justicia del
régimen ha actuado para impedir
que se haga justicia, la CPI
tendrá jurisdicción para actuar
en este caso y proceder para que
se haga justicia.
2. La CPI solicita información
sobre la decisión de extradición
de paramilitares por parte del
Gobierno de Colombia a los EEUU,
porque esta decisión parece
implicar que criminales de lesa
humanidad, los delitos más
graves y que deben tener
prerrogativa sobre cualquier
otro, son transferidos a la
justicia de los EEUU para
responder por cargos menores.
Queda en evidencia la puerta
giratoria de la justicia a
través de la cual reos acusados
por un delito en un lugar de la
jurisdicción bajo control del
régimen (en este caso Colombia)
son transferidos a otro lugar (EEUU)
con el efecto inmediato de
quitarle a la justicia
Colombiana el derecho de
juzgarlos o de siquiera poder
recoger evidencias y proceder en
derecho de acuerdo con los
cargos más graves:
crímenes de lesa humanidad.
3. El régimen, a través del
Presidente Uribe y del Ministro
del Interior Valencia Cossio, se
ha dedicado en los últimos meses
a someter a la Corte Suprema de
Justicia y a toda la justicia en
Colombia, al poder del
Ejecutivo. Específicamente, el
Presidente Uribe violó la
Convención de Ginebra al
utilizar emblemas de la Cruz
Roja en la Operación Jaque y
mintió al respecto para encubrir
la evidencia, extraditó a
paramilitares y ha tenido una
relación constante desde los
niveles más altos, de
coordinación y articulación con
estas fuerzas del terror. Ante
las acciones de la Corte para
investigar estos temas y obtener
respuestas del Gobierno y del
Presidente, este ha lanzado una
estrategia integral para
desprestigiarla y someterla, lo
que ha obligado a la Corte, en
días pasados a proceder
jurídicamente contra el Gobierno
por su abuso de poder. La
reforma jurídica propuesta tiene
la intención de proteger a los
políticos y funcionarios
involucrados en la parapolítica
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rodrigo-uprimny/columna-y-no-se-hizo-al-reves
,
http://www.elespectador.com/columna-reforma-judicial-inoportuna-y-oportunista
y
http://www.senadorrobledo.org/?q=node/382
.
4. La extradición de los
paramilitares, una vez que
empiezan a confesar sus crímenes
y a destapar la relación entre
el paramilitarismo, el Gobierno
Colombiano, el de los EEUU y las
corporaciones, y el ataque y
desmantelamiento de la Justicia
y su Corte más alta, tendría
como resultado el encubrimiento
de los crímenes de lesa
humanidad y de sus autores
transnacionales. Quedaría oculto
el régimen que utiliza el terror
con fines de acumulación, sus
responsables al más alto nivel,
los mecanismos de mando,
decisión, articulación,
financiación y sus víctimas. En
otras palabras, se habría
logrado la impunidad que
requiere el proyecto de terror
transnacional para lograr sus
fines.
Logrado esto, la agenda de
terror queda en libertad para
continuar según lo planificado.
5. Los preparativos para
encubrir al régimen se hicieron
con anticipación. El 5 de Agosto
de 2002, a dos días de entregar
la Presidencia a Álvaro Uribe,
el Presidente Pastrana, a cargo
de sus funciones dentro del
régimen y luego de haber
comprometido al Estado
Colombiano con el Estatuto de
Roma de manera que Colombia
queda bajo la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional, exime
a Colombia por un período de 7
años (hasta el 2009) de aplicar
el artículo 8 de este estatuto,
que incluye los crímenes de
guerra. Ese artículo contiene
los delitos de lesa humanidad
como los cometidos por los
paramilitares, el abuso de
emblemas como el de la Cruz Roja
y las acciones de actores
intelectuales al más alto nivel.
En otras palabras, Pastrana,
preparaba el camino para la
impunidad de paramilitares, sus
socios y patrones que vendría
con el Gobierno Uribe. El
régimen se blindaba a través de
dos Presidentes a su servicio.
6. El Estatuto de Roma, de 1998,
no es firmado por los EEUU, de
modo que los crímenes y
criminales de lesa humanidad de
ese país no pueden ser juzgados
por esa instancia. De esta
manera, el régimen consolida el
blindaje. La CPI no tiene
jurisdicción en los EEUU, adonde
fueron extraditados los
paramilitares y de donde se
encuentran los centros de mando
del régimen.
7. La agenda que combina el
terror y los crímenes de lesa
humanidad con legislación
coherente con intereses
transnacionales y con propaganda
encubridora y promotora del
proyecto de acumulación, sigue
avanzando en y desde Colombia.
Las amenazas, desapariciones,
torturas, masacres,
desplazamientos y terror
continúan dentro del país
mientras el régimen convertido
en modelo desde Colombia se
extiende por el Continente y en
otras regiones. La impunidad es
indispensable de modo que el
proyecto y el modelo puedan
implementarse al servicio del
poder transnacional globalmente.
Si la Justicia Colombiana o la
CPI descubrieran la verdad sobre
la estructura de terror global
para la acumulación, el proyecto
del régimen estaría expuesto y
la justicia impondría su
disolución. Un resultado muy
amenazador y preocupante para el
poder global.
8. En este contexto, la carta de
la CPI a través del Fiscal Luis
Moreno es una advertencia al
régimen a través del Presidente
Uribe: o respeta a la Corte
Suprema de Justicia y facilita
el que se haga justicia desde
Colombia de manera profunda e
inequívoca, o, se demuestra que
está obstaculizando la justicia
a través de la extradición y las
otras maniobras y por lo tanto,
la CPI tiene jurisdicción en
este caso y procederá. Advierte
además la CPI, que desde hace
años, viene acumulando
evidencias en relación con
Colombia y el paramilitarismo.
La propia legitimidad del
régimen es el ámbito de esta
carta, aunque por el momento se
trate solamente de una
advertencia firme.
9. Cualquiera que sea la
respuesta del Gobierno
Colombiano, se acumulará al
expediente que viene creando la
CPI y que servirá como prueba
frente a los crímenes cometidos,
a la obstrucción de la justicia
y a que las víctimas sean
reparadas, la verdad toda sea
conocida y expuesta y la
justicia se convierta en
realidad para que NUNCA MAS! un
régimen transnacional de terror
pueda hacer lo que está haciendo
para acumular a costa de terror
y sufrimiento.
10. Si la Corte Suprema de
Justicia puede, como le
corresponde, seguir investigando
y resolviendo en derecho, el
régimen tendrá una piedra en el
zapato actuando desde dentro. Si
la Corte Suprema es limitada en
sus posibilidades y alcances,
algo se sabrá y casi todo será
encubierto, con lo que se
legitima el régimen, el terror
continúa y no se hace justicia.
Si el ejecutivo somete a la rama
judicial, la dictadura del
régimen supra y para-uribista se
consolida en la ilegitimidad y
el poder legal queda en manos de
los propios criminales. Este
último es el proyecto en curso
desde la Presidencia y el
Ministerio del Interior. La CPI
intenta respaldar a una Corte
Suprema de Justicia autónoma y
eficaz sumida en un régimen
autoritario y transnacional.
11. Si la Corte Suprema de
Justicia es debilitada o
sometida, la CPI debería
intervenir por encima y por
fuera del régimen. Si lo hace,
no tendrá jurisdicción en y
sobre los EEUU, lo que de
antemano limita el alcance de
sus procesos, pero le permite
develar verdades y avanzar
significativamente hacia una
justicia real para las víctimas.
El mayor impacto será el de
exponer la existencia,
estructura y funciones del
régimen transnacionalizado de
terror para desmantelar el
engaño con el que nos hacen
creer en la existencia de
Gobiernos autónomos y
Presidentes populares para
imponernos le crisis económica,
el despojo, la exclusión y el
hambre.
12. Si los pueblos y la
ciudadanía no entendemos esta
realidad y no le hacemos
seguimiento a estos procesos
respaldando la justicia y
exigiendo que se haga realidad,
seremos sometidos de manera
permanente a un régimen que se
sirve del terror para despojar y
acumular y de la propaganda y el
embrutecimiento colectivo para
encubrir. Por eso, el New York
Times publicó un artículo el 15
de Agosto titulado "Corte
investiga a quienes apoyaron a
Rebeldes en Colombia" en el que,
refiriéndose a la misma carta
del Fiscal Moreno, habla de
investigaciones de la CPI a
quienes respaldan a las FARC,
tema que no se menciona para
nada en esta carta al Gobierno
de Colombia lo que, una vez más,
pone en evidencia la estructura
del régimen y sus poderes. El
aparato de propaganda del
régimen, desde el medio más
poderoso de los EEUU,
distorsiona la verdad, miente
abiertamente y procede a
encubrir para movilizar la
ciudadanía desinformada en favor
de un régimen ilegítimo.
13. Un detalle más: la carta del
Fiscal Moreno es dirigida a
Rodrigo Lloreda, embajador de
Colombia en La Haya, sede de la
CPI. Esta es publicada en su
totalidad en El Nuevo Siglo. Nos
imaginamos que llegó allí y se
dio a conocer por acción directa
del Embajador Lloreda, conocido
dirigente del Partido
Conservador y ex-ministro de
educación del Presidente
Pastrana. El Nuevo Siglo es
propiedad de los Pastrana y
órgano vocero del ex-presidente
Andrés Pastrana quien tanto
contribuyera a preparar el
terreno para la impunidad del
régimen con los 7 años de gracia
que le concedió al terror frente
a la jurisdicción de la CPI.
¿Será que la campaña
Presidencial y los propósitos
electorales juegan en las
decisiones del ex-presidente y
de su partido en estos momentos
en que Álvaro Uribe busca
reelegirse? Esto es posible ya
que no hay el menor indicio ni
evidencia que le permita al
ex-presidente Pastrana y al
Partido Conservador argumentar
que su interés es la justicia o
que no son y han sido siempre
orgánicos y beneficiarios del
régimen que se sirve del terror
para que acumulen.
La Corte Suprema de Justicia
debe ser respetada, el Gobierno
debe responder y someterse a la
justicia, las confesiones y las
investigaciones deben develar la
estructura de poder, los
criminales con mayor poder y
mando deben responder por sus
crímenes y ante todo, los
pueblos no podemos aplaudir a
quienes nos masacran y explotan
para enriquecerse a nombre de la
"democracia", la "decencia" y la
"justicia", términos que han
manchado de sangre y de dolor
desde las instituciones que han
creado para maltratar. O mejor
dicho, si pueden, lo hacen y
seguirán por ese camino de dolor
y horror adornado de mentiras, a
menos que dejemos de aplaudir y
abramos los ojos.
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