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Desapariciones: agravio e
impunidad
Editorial
de LA JORNADA,
México
(México).-
La Secretaría de Gobernación
aseguró que la
Procuraduría General de la
República investiga, bajo el
término penal de "desaparición
forzada", el caso de dos
guerrilleros del Ejército
Popular Revolucionario (EPR),
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez. La
declaración pudiera resultar
alentadora por cuanto apunta a
un cambio en la postura del
gobierno federal, antes renuente
a reconocer que los eperristas
pudieron haber sido privados de
su libertad por elementos de las
fuerzas públicas o con
conocimiento de las autoridades
del Estado. Sin embargo, en la
medida en que las pesquisas
prometidas no arrojen resultados
favorables, será más que
justificado el escepticismo
manifestado ayer mismo por los
integrantes de la comisión
mediadora entre el EPR y el
gobierno, sobre todo porque en
casos como éste el signo de las
autoridades ha sido,
precisamente, el encubrimiento.
Las desapariciones forzadas
constituyen un ejemplo claro y
vergonzoso de las graves
violaciones a la legalidad
cometidas por el Estado. Como
cualquier forma de secuestro,
atentan contra derechos humanos
fundamentales como la vida, la
seguridad y la libertad, pero, a
diferencia de las privaciones de
la libertad consumadas por las
organizaciones delictivas –que
por lo general se llevan a cabo
para cobrar un rescate a los
familiares de las víctimas–, las
desapariciones obedecen a causas
de otra índole, por lo general
política, lo que reduce las
perspectivas de que el capturado
sea vuelto a ver con vida.
Durante la segunda mitad del
siglo pasado, este tipo de
crímenes proliferaron en América
Latina, particularmente en el
contexto de las dictaduras
militares que tuvieron lugar. El
hecho de que México haya
guardado la apariencia de un
Estado democrático no impidió
que la semilla de este mal se
alojara en las estructuras del
poder público.
Así, en las últimas cuatro
décadas, el país acumuló una
enorme cantidad de crímenes de
lesa humanidad sin resolver: la
represión del movimiento
estudiantil de 1968; las
prácticas de guerra sucia
durante el mandato de Luis
Echeverría –que no cesaron en el
de José López Portillo–; la
persecución y asesinato de
cientos de militantes
perredistas en el gobierno de
Carlos Salinas; las tácticas de
contrainsurgencia emprendidas
por Ernesto Zedillo en Chiapas,
con las consecuentes violaciones
masivas a los derechos humanos;
los actos de represión con que
concluyó el foxismo en Sicartsa,
Texcoco- Atenco y Oaxaca. Por
añadidura, a decir de la
senadora Rosario Ibarra de
Piedra, durante los primeros
siete años de las
administraciones panistas se han
consumado un centenar de
desapariciones forzadas: 65
durante la de Vicente Fox y más
de una treintena en la presente.
La persistencia de este crimen
evidencia, por lo demás, la
falta de autoridad moral de un
gobierno que asegura trabajar
por la observancia de la ley y
la vigencia del estado de
derecho, al tiempo que propicia
la impunidad para los
responsables de gravísimas
violaciones a la legalidad.
En todo este tiempo, los
sucesivos gobiernos han
encubierto los delitos de sus
antecesores, incluso a pesar de
la alternancia de logotipos
partidistas en la Presidencia de
la República. Tal circunstancia
ha sido garante de impunidad
para quienes han empleado el
poder público para reprimir en
forma atroz a la ciudadanía y a
los activistas políticos y
sociales.
Cabe esperar, en suma, que el
anuncio hecho ayer en
Gobernación sea algo más que una
medida cosmética de la
administración calderonista, que
las investigaciones arrojen
resultados verosímiles y que, en
ese mismo espíritu, se sancione
a los responsables de estos
crímenes.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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