|
Los falsos subterfugios de la
oposición venezolana
Diego
Olivera
ALAI AMLATINA
La aprobación de las 26
leyes de la Habilitante, ha
generado amplios debates en
Venezuela, sobre el texto de las
mismas, así como respecto a la
aprobación del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), sobre la
legalidad de sus procedimientos.
Pero la oposición refuta sin
argumentos legales, tanto la
aprobación de estas leyes, como
las inhabilitaciones de
candidatos regionales y locales.
Nuevamente los partidos de
oposición convocan a las calles,
apoyados por sus medios de
prensa escrita: El Nacional y El
Universal, de circulación
nacional, y la televisora
GLOBOVISION. Además cuentan con
varios medios internacionales,
como CNN, El País de España, El
Tiempo de Bogota, en espacios
informativos donde solo existe
la versión la oposición.
Un sector del empresariado se
opone a las leyes
El gremio empresarial
venezolano, a través del
presidente de FEDECAMARAS, José
González, pidió la derogación de
las 26 leyes que el Gobierno del
presidente, Hugo Chávez,
promulgó el pasado 31 de julio.
Al afirmar que "Quien le otorgó
esos poderes fue la Asamblea
Nacional (AN, unicameral), que
ahora debe asumir su función de
control y derogar las normas
hasta que una consulta
democrática concluya sobre la
constitucionalidad y
conveniencia de dichos
instrumentos".
FEDECAMARAS esperará hasta el
próximo 15 de septiembre una
respuesta de la AN, integrada
mayoritariamente por
legisladores afines a Chávez, y
"de no haber respuesta, nos
estaremos preparando para
introducir recursos de nulidad
en el Tribunal Supremo", anunció
González.
Otros sectores empresariales y
ganaderos apoyan las leyes
El presidente de la Organización
No Gubernamental, Empresarios
por Venezuela (EMPREVEN),
Alejandro Uzcategui, declaró a
la prensa que "las
26 leyes habilitantes son
instrumentos para el desarrollo
del sector privado". Explicó que
"estas leyes garantizan la
seguridad para los
inversionistas nacionales y
extranjeros en el país, hoy con
la publicación de las 26 leyes
habilitantes podemos decir que
las reglas del juego están
totalmente claras para los
empresarios".
En una entrevista, en el canal
privado en VENEVISIÓN, el
presidente de CONFAGAN, José
Luís Campo sostuvo que "los
agricultores y ganaderos
venezolanos respaldan leyes del
sector por considerar que
fortalecerán el sistema
productivo del país". A lo que
agregó que "la disposición sobre
crédito agrario ayudará a
terminar con las reticencias de
muchos bancos a otorgar
préstamos para producciones
agrícolas, pese a existir normas
que deberían garantizar 11 mil
millones de bolívares (unos
cinco mil millones de dólares)".
Campos manifestó con respecto a
los créditos bancarios que "de
27 bancos, 16 no cumplen los
requisitos de la cartera
agrícola, porque la ley anterior
era tan suave que preferían
pagar la multa a tomar el riesgo
de financiar al sector. Con la
nueva ley comenzarán a fluir
importantes recursos todos los
productores del campo".
Por último el presidente
CONFAGAN, afirmó que "las leyes
económicas incluidas en el
paquete de 26 decretos con rango
y fuerza de ley aprobadas por el
presidente Hugo Chávez el pasado
31 de julio buscan terminar con
el viejo sistema latifundista
que no dio resultado".
La oposición insiste en la
ilegalidad de las leyes
El empresario agroindustrial
Rafael Alfonzo Hernández declaro
que "Ésta es la vía hacia el
comunismo: hay que salir a las
calles a pelear por la
democracia, los derechos humanos
y la propiedad individual". Los
partidos opositores coinciden
con Alfonzo en que "las leyes
aprobadas por Chávez sin
discusión parlamentaria son, en
la práctica, la concreción de la
reforma constitucional que la
mayoría del electorado rechazó
el 2 de diciembre de 2007".
Por otra la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales emitió un
comunicado en el que asegura que
el conjunto de leyes modifica de
facto la Constitución y va en
contra de los resultados del
referéndum del año pasado.
El proceso de aprobación de las
leyes no viola la constitución
Los 26 decretos leyes aprobados
por Chávez, en el marco de la
habilitación que le otorgó la
Asamblea Nacional, son
inobjetables. La otorgó, con la
mayoría requerida, la
representación popular y la
ejerce un Presidente electo por
el pueblo. También el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) se ha
pronunciado sobre la
constitucionalidad de tal
carácter, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de
la Constitución de la República.
Por su parte el vicepresidente
de la República, Ramón
Carrizález, ha rechazado tales
críticas argumentando que "por
el contrario, las leyes
apuntalan derechos ciudadanos
fundamentales, como son la
seguridad alimentaria y el
derecho a la vivienda".
Y agrego que "Es por eso por lo
que las atacan los sectores
privilegiados. Por supuesto que
establecen regulaciones, porque
la seguridad alimentaria del
país no puede estar en manos de
los caprichos de unos
particulares".
- Diego Olivera, periodista
uruguayo, es Director de
Barómetro Internacional
Agencia Latinoamericana de
Información
http://alainet.org
info@alainet.org
Gentileza:: Alai-AmLatina
[alai-amlatina@alai.info]
paginadigital |
