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Trabajar con la basura: el
cambio social desde los márgenes
Raúl
Zibechi
Programa de las Américas
La Fogata
Al igual que los "catadores"
brasileños y los "cartoneros"
argentinos, los hurgadores
uruguayos que recogen basura y
la clasifican están viviendo un
intenso proceso de organización
que los coloca como actores de
los cambios sociales.
A mediados de febrero, unos 200
"carritos" llenaron las calles
de Montevideo bajo el pegajoso
calor del verano, para reclamar
al municipio de la capital
uruguaya por las requisas de sus
instrumentos de trabajo. Era la
primera vez en muchos años que
los "carritos" se manifestaban
en las mismas calles que
recorren para juntar basura, que
luego es clasificada en sus
casas, apilada y atada para ser
vendida en los grandes
depósitos. Los más marginados se
convirtieron en actores.
Los "carritos" son pequeños
carros de madera tirados por
caballos, aunque una parte
considerable usa bicicletas o
los empujan a mano. Ellos se
autodenominan "clasificadores"
desde hace ya más de dos
décadas, cuando el padre Cacho,
un sacerdote de las periferias,
los ayudó a crear la primera
organización. Antes se llamaban
"hurgadores", por hurgar o
remover la basura, pero para las
clases medias siguen siendo
"carritos" que ensucian la
ciudad y molestan el tránsito de
vehículos.
Según las autoridades
municipales, la requisa de
"carritos" se debe a que afectan
la higiene de la ciudad y porque
trabajan los niños, ya que en
realidad toda la familia se
desplaza junta para la
recolección informal de
residuos. Para las
organizaciones de
clasificadores, el problema es
que no tienen cabida en el
diseño de la política municipal
de tratamiento de residuos
sólidos, a la vez que se
reclaman trabajadores y exigen
condiciones dignas para realizar
su tarea.
Su principal crítica es que la
comuna instaló contenedores de
basura sin consultarlos, con lo
que deben meterse dentro de las
volquetas con el riesgo que eso
implica, o introducir en ellas a
los niños para que saquen la
basura.
Organizarse en los márgenes
En la década de 1970 se prohibió
el ingreso de los hurgadores en
los vertederos municipales de
basura. Esto llevó a los que
viven de la recolección y
clasificación de residuos a
buscarlos antes de que llegaran
a los vertederos. De ese modo,
los carritos comenzaron a
circular por la ciudad, haciendo
un recorrido casa por casa a la
hora que los vecinos sacan la
basura y antes de que sea
recogida por los camiones.
A fines de 1970 la dictadura
militar realizó un censo de
clasificadores para luego
proceder a la requisa de carros
y caballos. En 1979, los vecinos
de uno de los barrios más pobres
de Montevideo, Aparicio Saravia
y Timbúes, se pusieron en
contacto con el padre Cacho, con
quien fundaron la Comunidad San
Vicente. En la segunda mitad de
la década de 1980, la
recolección de residuos de las
zonas residenciales y del centro
fue privatizada, lo que
amenazaba la continuidad del
trabajo de los clasificadores.
Realizaron la primera marcha de
"carritos", con la que
consiguieron que no se les
prohibiera el ingreso a la zona
privatizada.
En 1985, alentados por el
retorno de la democracia, un
grupo de clasificadores que
vivían en una cooperativa de
viviendas, instaló el primer
depósito para pagar mejores
precios a los clasificadores y
convertirse a su vez en
referencia para la organización
del sector. El depósito La
Redota trabajó siete años, y fue
la primera vez que los
clasificadores de basura eludían
las trampas en las balanzas y
los bajísimos precios que les
pagan los comerciantes.
En 1990, cuando la izquierda
comenzó a gobernar las ciudad de
Montevideo, se hizo el primer
censo voluntario y se les
entregó un carné con la
autorización para clasificar
basura. En ese primer censo se
anotaron 3,008 clasificadores,
que fueron creciendo hasta las
9,000 familias que clasifican en
la actualidad, o sea unas 30,000
personas sólo en la capital. Si
se incluye todo el país, serían
unas 50,000 personas que viven
de la basura, mucho más que
cualquier rama de la industria.
Sin embargo, las organizaciones
de recolectores informales de
residuos sostienen que sólo en
Montevideo habría 15,000
"carritos".
Lo curioso, según un reciente
documento del municipio de
Montevideo y de los ministerios
de Desarrollo Social, Medio
Ambiente y Trabajo, es que "el
crecimiento sostenido de la
economía en los últimos años,
con aumento del empleo y caída
del desempleo de guarismos
históricos, no ha llevado a una
modificación sustantiva de esos
números". Eso indica que la
profesión de clasificador se
instaló en la sociedad más allá
de los ciclos económicos, al
igual que sucede con los
"cartoneros" en Buenos Aires y
otras ciudades argentinas, y los
"catadores" de Brasil.
En 2001, gracias a un préstamo
de la banca internacional, se
crearon tres microempresas de
clasificadores que dan trabajo a
unas 30 personas. Pero el gran
paso adelante fue la creación de
la Unión de Clasificadores de
Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS),
en una gran asamblea en abril de
2002, en plena crisis económica
durante la cual se duplicó la
cantidad de "carritos" en la
ciudad. La nueva organización,
que tiene un carácter similar a
un sindicato, se incorporó a la
central de trabajadores PIT-CNT
y comenzó negociaciones con el
municipio para regularizar el
trabajo en el principal
vertedero de la capital.
El resultado de las
negociaciones fue muy
auspicioso. Consiguieron que el
municipio les cediera un predio
lindero en el que vuelcan su
basura 30 camiones (de los 600
que van diaramente al
vertedero), para que 150
clasficadores hagan allí su
trabajo, lejos de las montañas
de basura. Con el tiempo,
cuentan con duchas y mesas para
trabajar en mejores condiciones.
A cambio, se comprometieron a
vigilar que no trabajen los
niños.
Uno de los pasos más importante
lo dieron los clasificadores en
2005 con la creación de la
cooperativa Juan Cacharpa,
inspirados en la experiencia de
los "catadores" de Porto Alegre.
Son unas 70 personas que gracias
a la cooperación consiguieron
cosas que jamás lograrían si
trabajaran aisladas. "La mitad
de lo que ganamos (entre cinco y
ocho dólares diarios) viene del
nylon grueso", asegura Walter
Pressa.
"Una forma de darle más valor es
entregarlo limpio, y eso se hace
con una máquina de lavar
artesanal. Ese nylon se funde y
se transforma en pellets de los
que se sacan nuevos productos",
señala Eduardo Pérez. También
clasifican vidrios por colores,
enteros o molidos, y cartón que
pretenden exportar a Brasil.
Además del trabajo de recogida y
clasificación de basura,
organizaron clases de lectura y
escritura con el apoyo de
maestras voluntarias, y con los
niños fabrican cámaras
fotográficas con envases de
tetrapak y latas de conserva que
recogen en las basuras.
Las mujeres crearon
recientemente la cooperativa
Independencia de la Mujer, en el
mismo barrio donde la Juan
Cacharpa instaló un galpón para
clasificar residuos, con ayuda
de uruguayos que viven en
Canadá. Para mejorar las
condiciones de trabajo, llegaron
a acuerdos con grupos de vecinos
que clasifican sus residuos en
el hogar, en barrios
residenciales, y de ese modo los
recogen ya preclasificado.
Luego, trabajan en su galpón,
con material limpio y no más en
ambientes insalubres.
Una nueva generación de
organizaciones
Jorge Meoni, misionero y miembro
del programa Uruguay Clasifica
del Ministerio de Desarrollo
Social, vive la Cruz de Carrasco
donde se formaron las primeras
cooperativas de clasificadores y
acompaña desde hace años
diversas experiencias
asociativas de los más pobres.
Explica que los nuevos
emprendimientos nacieron en la
misma zona, donde "ya hay una
historia de organización, a
través de cooperativas, por lo
que se hace más fácil la
creación de emprendimientos
asociativos". La organización
mejora el trabajo del recolector
ya que "hacen recolección en
circuitos limpios de algunos
colegios y una empresa, hacen la
clasificación y el descarte lo
dejan en volquetas que las
recoge la intendencia".
Otra experiencia reciente que
también acompaña, es la de Villa
del Chancho, donde viven 23
familias de clasificadores que
se instalaron sobre un vertedero
de basura que dejó de funcionar.
Ahora están construyendo sus
nuevas viviendas con apoyo
estatal en un predio donado por
una empresa privada. Si a estas
iniciativas se les suma la
creación de UCRUS en 2002, puede
estimarse que el colectivo de
clasificadores está transitando
nuevas etapas organizativas, más
amplias y de mayor alcance de
las que promovió en su momento
la Comunidad San Vicente, en la
década de 1980.
Meoni considera que por el tipo
de trabajo que realizan, los
clasificadores son muy
individualistas y las pocas
cooperativas existentes tienen
muchas dificultades para
sostenerse. Pero observa
progresos: "Ahora surgen grupos
creados sin intervención
externa, gracias en parte a la
crisis de 2002. Antes de la
crisis, cuando no estaban
incorporados a la actividad los
obreros desocupados que
estuvieron en sindicatos, quizá
los clasificadores necesitaran
apoyo externo. Ahora hay muchos
que vienen de empresas que
cerraron, y entonces hay más
facilidad para organizarse".
Lo cierto, es que la crisis
introdujo otros saberes en el
mundo de los clasificadores,
sumado al hecho de que en los
barrios donde viven, los
asentamientos irregulares,
durante la crisis de 2002
"tuvieron que juntarse para
hacer comedores y merenderos, y
eso es un aprendizaje". Cree que
la ayuda externa "no es mala", a
condición de que el colectivo
sea capaz de asegurar "la
autonomía y la independencia
para no depender de los apoyos
que reciban".
El programa oficial Uruguay
Clasifica, se propone impulsar
ese tipo de emprendimientos y
calcula que en los próximos
meses pueden llegar a crearse
unos 20 en todo el país. Su
principal tarea es "el
acompañamiento de las reuniones,
porque no es sencillo saber cómo
hacer una reunión, y tratar de
fortalecer la red para que se
creen circuitos limpios donde
haya separación de residuos, a
través de convenios con empresas
o con organismos estatales".
En ese sentido, la cooperativa
Juan Cacharpa no sólo es
referencia, sino que está
impulsando a otros
clasificadores en otras ciudades
a seguir su ejemplo. "Si hubiera
políticas públicas que
promovieran emprendimientos
asociativos de los
clasificadores, gran parte del
sector podría estar organizado",
concluye Meoni.
Las instituciones contra la
marginalidad
Marginalidad y pobreza
El Censo de Clasificadores del
año 2002, concluyó que obtenían
un ingreso de 146 dólares
anuales por persona. Los
estudios del Ministerio de
Desarrollo Social concluyen que
el 97% se encuentran bajo la
línea de indigencia (60 dólares
mensuales), y que el ingreso
promedio de cada clasificador
era, en marzo de 2006, de unos
20 dólares mensuales. Existe
común acuerdo no sólo en las
dificultades para obtener datos
fiables, sino en la variabilidad
del trabajo y de los precios en
un mercado al que muchos
consideran como "mafioso".
El mismo censo estableció que
38% utilizan carro tirado con
bicicleta que carga en promedio
44 kilos, el 32% carro con
caballo que carga hasta 258
kilos, y el 30% carro tirado a
mano con un promedio de 84
kilos.
El 77% de los clasificadores
sólo alcanzó a cursar primaria,
el 15% secundaria y el 8% la
enseñanza técnica. El 6% son
menores de 18 años. Muchos
piensan como Juan, integrante de
una cooperativa que empezó a
clasificar en lo más hondo de la
crisis, en 2002: "Salí con un
carro de mano que me hizo un tío
que era herrero. Todo lo que
traía me servía: cartón,
plástico y si salía lago para
comer también. Ganaba más
clasificando que cuando era
soldado en el cuartel, y no me
tenía que aguantar 15 o 20 días
de arresto. No tengo los
beneficios del hospital, pero
gano más".
El documento "Compromiso por la
Ciudad y la Ciudadanía", firmado
el 22 de julio por la
Intendencia Municipal de
Montevideo y los ministerios de
Trabajo, Vivienda y Desarrollo
Social, para erradicar el
trabajo infantil y promover la
inclusión de los clasificadores
de residuos sólidos, señala algo
poco común en estos tiempos:
"Contrariamente a la 'teoría del
derrame', hegemónica en otro
tiempo en el país, el
crecimiento económico con ser
necesario no es suficiente para
revertir la situación de los
colectivos excluidos".
El acuerdo se sostiene en tres
bases: el establecimiento de una
agenda común, la coordinación
entre instituciones y la
participación social. El
objetivo consiste en diseñar
"políticas focalizadas, potentes
y sostenidas en el tiempo, que
aborden simultánea y
concertadamente las dimensiones
económica, ambiental y
sociocultural de la exclusión".
Uno de los rasgos
diferenciadores del proyecto es
que se propone consultar a los
clasificadores, a través de sus
diferentes formas asociativas,
ya sean sindicales o
cooperativas.
Sin embargo, entre los objetivos
no figura la erradicación del
trabajo de los clasificadores
sino su "dignificación", que en
buena medida pasa por "la
formalización de la actividad",
que incluye "las garantías
sanitarias con las que se
realiza, el reconocimiento
social de una actividad
ambientalmente necesaria, y en
su inserción en políticas de
gestión de residuos más
amplias". Para ello, se propone
la separación domiciliaria de
los residuos, la creación de
circuitos para su recolección
diferenciada y la apertura de
plantas de clasificación para el
procesamiento de los materiales
recogidos.
Para aquellos que deseen
abandonar la actividad, se
implementarán formas de
capacitación que faciliten su
inserción en otros sectores
laborales, y apoyo crediticio y
técnico para formar
emprendimientos productivos. La
erradicación del trabajo
infantil es otro de los ejes de
la propuesta, ya que se lo
considera "uno de los eslabones
clave de las cadenas de la
reproducción intergeneracional
de la exclusión social". La
articulación institucional
considera que no hay ciudadanía
plena, donde exista trabajo
infantil.
De este modo, las autoridades
nacionales dan un paso para
concertar tres aspectos que
hasta ahora aparecían como
difíciles de componer en el área
de los residuos urbanos:
limpieza, trabajo y pobreza.
Ello pasaría por un "pacto"
entre vecinos, trabajadores y
comuna: "Los primeros se
comprometen a la separación en
origen, los segundos a la
previsibilidad y limpieza de la
tarea, y la tercera al
acompañamiento del proceso,
sensibilizando al conjunto de la
sociedad sobre temas tales como
la conveniencia de la separación
y el reciclaje de residuos
sólidos".
Pese al apoyo actual de las
autoridades, existe un consenso
entre los clasificadores acerca
de que los procesos colectivos
son la única salida posible para
el sector, ya sea a través de la
formación de cooperativas o
asociaciones, que les permitan
tener mayores facilidades para
conseguir recursos para
emprendimientos productivos. Es
la forma de salir de la
marginalidad con sus propios
esfuerzos.
Raúl Zibechi es miembro del
Consejo de Redacción del
semanario Brecha de Montevideo,
docente e investigador sobre
movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de
América Latina, y asesor a
varios grupos sociales. Es
colaborador mensual con el
Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor
de contactar a americas@ciponline.org.
Las opiniones expresadas aqui
son del autor y no
necesariamente representan las
opiniones del Programa de las
Américas o el Centro para la
Política Internacional.
Recursos
Daniel Erosa, "Planta de
clasificación de residuos",
Brecha, Montevideo, 26 de agosto
de 2005.
Jorge Meoni, entrevista
personal, Montevideo, 31 de
julio de 2008.
Mides (Ministerio de Desarrollo
Social), "Tirando del carro",
Montevideo, 2006.
Mides: "Juan Cacharpa mucho
gusto. Una cooperativa y un
galpón",
www.mides.gub.uy
.
Programa Uruguay Clasifica,
Mides,
www.mides.gub.uy.
Raúl Zibechi, "Compromiso por la
Ciudad y la Ciudadanía", Brecha,
8 de agosto de 1008.
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boletin.org@ar35.toservers.com
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