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El fracaso privatizador
por
Fernando "Pino" Solanas
La reciente votación en
Diputados que dio media sanción
a la reestatización de
Aerolíneas Argentinas constituye
un valioso paso adelante en la
recuperación de nuestro
patrimonio nacional. Pero lejos
de haberse agotado, el debate
recién comienza: los argentinos
nos debemos una profunda
autocrítica sobre el monumental
fracaso de las políticas de
privatización de nuestros
servicios públicos y el
calamitoso estado del
transporte. Es la necesaria
discusión sobre los nuevos
modelos de gestión pública de
las empresas de servicio.
En este sentido, luego de lograr
sustanciales modificaciones,
junto al Bloque del SI, Proyecto
Sur ha decidido acompañar con
disidencias parciales el
proyecto del Gobierno para
recuperar la aerolínea de
bandera.
En esta oportunidad, el
oficialismo ha superado la
terquedad con que se le viera
actuar durante el conflicto
agrario y ha demostrado vocación
de abrirse al diálogo.
En primer lugar, logramos que se
eliminara la posibilidad de
reprivatizar la empresa. Si bien
se establece la figura de
Sociedad Anónima, se acordó que
habrá mayoría estatal. También
se consiguió que desapareciera
la mención del Acta de Acuerdo
que el Gobierno firmó con el
grupo Marsans; y que se fijara
como fecha para la tasación el
momento de la intervención,
16 de julio, cuando la empresa
estaba en estado de quiebra.
Además, la valuación queda a
cargo del Tribunal de Tasaciones
y, finalmente, la última palabra
sobre el valor de la compañía la
tendrá el Congreso. Si no se
llegara a un acuerdo, el
Gobierno deberá proceder a una
justificada expropiación.
Debemos explicar que el gobierno
nacional conocía desde hace años
el ruinoso estado de Aerolíneas
Argentinas, pero nada hizo para
recuperar la empresa. Primero
Iberia, luego American Airlines
y finalmente el Grupo Marsans
saquearon y quebraron a la
compañía. Además de dejar una
millonaria deuda, vendieron las
oficinas que AA tenía en las
principales ciudades del mundo;
desmantelaron el centro de
simuladores de vuelo más
avanzado de América latina y un
banco de pruebas de motores de
alta potencia; vaciaron los
talleres especializados y
almacenes de repuestos; y
vendieron los 28 aviones
propios. Acorde con el saqueo de
la privatización y la desidia
gubernamental, el proyecto que
el Gobierno presentó
originalmente resultaba
escandaloso, porque acordaron
con el grupo Marsans que el
Estado argentino se haría cargo
de la deuda de 900 millones de
dólares para luego reprivatizar
la compañía; y establecía que
ante un probable desacuerdo
entre el Gobierno y el privado
por el precio final de las
acciones, un tercero
internacional sería quien daría
un fallo inapelable. ¿Cómo ha
sido posible que en estos 16
años ningún gobierno iniciara
acciones penales por el
vaciamiento de AA? Además,
Marsans, en lugar de invertir,
hizo desaparecer los 750
millones de dólares que obtuvo
para sanear sus empresas. Ahora,
es una obligación para el
gobierno nacional demandar a
quien corresponda por este
desfalco. Por ello, desde
Proyecto Sur exigíamos 180 días
para investigar a fondo la
situación de la empresa y llegar
a una propuesta seria.
Hoy, el caso de Aerolíneas
Argentinas es una evidencia más
del monumental fracaso
privatizador. Ante esto, las
organizaciones sociales y
sindicales, las asociaciones de
usuarios, las universidades y
las fuerzas políticas tienen que
discutir un nuevo modelo de
control y gestión de empresas
públicas de servicio, hecho que
debe traducirse, en esta
oportunidad, en un proyecto para
el funcionamiento transparente y
eficiente de nuestras compañías
aéreas. Es necesario que
Aerolíneas Argentinas, así como
las empresas de trenes y de
otros servicios, se constituya
finalmente como Sociedad de
Estado, situación que, distinto
de las sociedades anónimas,
conllevan mayores y más
rigurosos controles de
operación.
Se trata, en definitiva, de
enterrar con decisión el mito de
que el desembarco de los
capitales privados en los
servicios públicos asegura mayor
eficiencia y transparencia de
gestión. En el caso de la
aeronavegación, resulta
innecesario advertir que la
seguridad en este servicio es
esencial. Pero sabemos que el
capital privado tiene como
principal objetivo la ganancia y
no la seguridad de los
pasajeros. La recordada
catástrofe de Lapa y la reciente
tragedia de Spanair demuestran
qué sucede cuando se intenta
bajar los costos de
mantenimiento u operar con
aviones viejos para asegurar
rentabilidad. El servicio aéreo,
así como el ferroviario y el
marítimo, son servicios
públicos. En consecuencia,
tienen que estar en manos del
Estado que, además de poder
cumplir con un servicio de
excelencia, aportaría
innumerables beneficios a la
sociedad en materia
comunicacional, cultural y
económica.
En Argentina, después de cinco
años de gobierno de los Kirchner,
sólo hemos visto cómo empeora el
sistema de transporte. Nunca los
pasajeros han sido tan
maltratados y el inviable avance
del transporte automotor provoca
más de 8000 muertes cada año.
Ante ello, el gobierno nacional
propone la construcción del
elitista e irracional "tren
bala", no recrea la flota
marítima y fluvial, y regaló,
por primera vez, las rutas de
cabotaje.
Las modificaciones que logró
introducir Proyecto Sur a la
iniciativa oficial para la
recuperación de Aerolíneas
Argentinas son una contribución
al debate que nos debemos sobre
el descomunal fracaso del modelo
privatizador en los transportes,
para avanzar hacia la
constitución de nuevas
sociedades de Estado con nuevos
modelos de gestión que aseguren
servicios públicos con
participación de la comunidad.
*
Proyecto Sur.
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