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La mecánica privatizadora
Luis
Javier Garrido
La entrega de la industria
petrolera mexicana a las
trasnacionales constituiría el
error político más grande en la
historia política de México en
más de un siglo: un acto de
traición a México de
consecuencias desastrosas para
el país, y por ello los
despachos de abogados
corporativos que en Estados
Unidos y en México redactaron
las contrarreformas legales de
Calderón y de Beltrones buscaron
esconder la mecánica
privatizadora, aunque no lo
lograron.
1. La privatización de la
industria petrolera nacional
impuesta por una serie de
intereses trasnacionales al
débil y corrupto gobierno de
facto de Felipe Calderón no
consiste en vender los activos
de Petróleos Mexicanos, sino en
transferir gradualmente, en
abierta violación a la
Constitución General de la
República y a los derechos del
pueblo mexicano, las funciones
que lleva a cabo la empresa
paraestatal a las dos
principales corporaciones
petroleras trasnacionales a las
que se hallan vinculados (por no
decir asociados) los priístas
del grupo de Carlos Salinas y
Mouriño y Calderón: Exxon Mobile,
Royal Dutch Shell y Repsol YPF.
2. El paquete de siete
iniciativas legislativas
enviadas por Calderón al Senado
-las cinco primeras el 8 de
abril- no lograba esconder su
burdo intento de pasar por
encima de la Constitución, y fue
evidenciado como inviable por
anticonstitucional en las mesas
del Senado y de diversas
universidades de la República;
de ahí que en el nuevo paquete
de nueve iniciativas de
Beltrones (de las que tres son
nuevas leyes), presentado el 23
de julio, se trate de esconder
más la mecánica privatizadora,
lo que sin embargo tampoco se
logra.
3. Los dos proyectos de
desnacionalización de la
industria petrolera del país,
que han pasado a ser "del PAN" y
"del PRI", a pesar de los
legisladores de estos partidos,
se sustentan, sin embargo, en
una misma estrategia: no
privatizan ahora, sino que crean
las condiciones seudojurídicas
para empezar a privatizar de
manera gradual en pocos meses. Y
son "seudojurídicas", pues
buscan "legalizar" en leyes
secundarias lo que la
Constitución prohíbe
tajantemente, violando así el
principio de la supremacía
constitucional, consagrado en el
artículo 131.
4. La mecánica privatizadora de
la propuesta de Beltrones (y del
PRI), que será de seguro la base
de la que ambas bancadas
presentarán en septiembre, se
sustenta en tres esquemas
anticonstitucionales, ideados
sin duda en esos despachos
corporativos de las
trasnacionales en Houston y en
México, que dócilmente Calderón
y Beltrones han hecho suyos, que
constituyen una aberración
jurídica que esperan la Suprema
Corte acepte pasar por alto en
abierta complicidad con las
trasnacionales en el que sería
un fraude a la Constitución: a)
el primero es crearle a Pemex un
marco legal propio, ajeno (y
contrario) a la legislación
constitucional de México, para
poder manejar la empresa a su
antojo y acelerar su división y
desintegración, más de lo que ya
está, desmantelándola de sus
funciones y tareas, b) el
segundo es facultar
anticonstitucionalmente a las
empresas filiales (es decir, al
Ejecutivo) para celebrar
contratos de riesgo tajantemente
prohibidos por la Constitución,
para ceder sus funciones, y c)
el tercero sería la emisión de
acciones denominadas "bonos".
5. El proyecto que aparece en la
iniciativa de Ley Orgánica de
Pemex, de Beltrones, busca
blindar a la paraestatal frente
a la Constitución, creándole un
marco seudojurídico muy
"particular", en el cual pudiera
actuar como una corporación
texana y Calderón como su dueño.
Pemex aparece en esta
legislación al margen de la
Constitución y de las leyes
mexicanas, como una corporación
privada que funcionara en las
islas Caimán y en la que su
propietario (que en el caso
sería por las facultades
ultrapresidencialistas que se le
otorgan, el propio Calderón),
podría disponer libremente de
ella: seguirla subdividiendo,
creando organismos paraestatales
"filiales" no sujetos a control
presupuestal -lo que es
anticonstitucional, pues éstos
sólo puede crearlos el
Congreso-, y contratando a
través de éstos la entrega de
sus funciones a trasnacionales
privadas, lo que es también
violatorio de la Constitución.
6. La entrega de las funciones
de Pemex, reservadas
constitucionalmente al Estado
mexicano, se seguiría haciendo
en lo formal a través de
contratos "de riesgo" con
inversionistas privados y
extranjeros, celebrados por las
filiales, lo que es
absolutamente violatorio del
párrafo sexto del 27
constitucional.
7. El proyecto de las
trasnacionales para apoderarse
del petróleo mexicano se ha
consolidado por los compromisos
de Salinas y Beltrones, por un
lado, y de Mouriño y Calderón
por el otro, de que "darle la
vuelta" a la Constitución
mexicana sería posible a) al
tener la alianza PAN-PRI en el
Congreso la mayoría simple y,
sobre todo, b) al contar el
régimen neoliberal con el
respaldo de un número
significativo de ministros
corruptos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que
convalidarían la mecánica
privatizadora a pesar de ser
abiertamente violatoria de la
Constitución.
8. El otro compomiso que
probablemente hicieron, y que
tampoco van a poder cumplir, es
que controlarían al pueblo
mexicano, engañándolo por
conducto de los medios. Los
resultados de la Consulta
Popular así lo demuestran.
9. La entrega de la industria
petrolera mexicana a las
trasnacionales terminaría por
muchos años con la posibilidad
de edificar un México soberano,
libre e independiente, y sumiría
al país en un escenario de
confrontación civil similar al
del siglo XIX, y lo más
significativo es que la clase
política no puede justificar su
"entreguismo". No puede haber
presiones cuando a la
administración de Bush,
defenestrada ya por la historia,
le quedan unas cuantas semanas y
sus sucesores no se pronuncian,
y sobre todo cuando hay el
ejemplo de diversos gobiernos
del continente que se oponen
abiertamente a las directrices
del FMI y del Banco Mundial.
10. La única explicación de este
acto de traición a México lo
constituye la corrupción extrema
de los integrantes de los grupos
tanto de Salinas y Beltrones
como de Mouriño y Calderón, que
no pueden argumentar tampoco que
están obnubilados por su
fanatismo neoliberal y
privatizador, y quienes deberían
ser procesados ya desde ahora
por el delito de traición a la
patria.
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