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Inseguridad: consideraciones
necesarias
Editorial de LA JORNADA,
México
Ante la desbordada
inseguridad que afecta al
conjunto de la población de
México, resultan
contraproducentes los reiterados
discursos oficiales que refieren
avances y logros imaginarios en
la batalla del poder público
contra la criminalidad
organizada. En buena medida, y
desde la experiencia de las
víctimas directas y de sus
familiares, y de los habitantes
de las regiones en las que
impera la delincuencia, el
Estado perdió ya esa batalla y
actualmente tiene más sentido
hablar de la reconstrucción de
la seguridad y del estado de
derecho que de su consolidación
o fortalecimiento. Esa y otras
premisas de básico realismo
resultan fundamentales si en
verdad se pretende hacer frente
a las mafias del narcotráfico,
el secuestro, el tráfico de
personas, el asalto y el robo de
vehículos, que son las
actividades delictivas que
agravian de manera más directa a
la ciudadanía.
El Consejo Nacional de
Seguridad, que se reúne hoy en
una sesión que bien puede
considerarse de emergencia,
aunque oficialmente no lo sea,
tendría que considerar,
asimismo, que la violencia, el
desgobierno y el desasosiego que
generan los cárteles de la
droga, las organizaciones de
secuestradores y las bandas
dedicadas a los delitos contra
la propiedad tienen como
condición de existencia, caldo
de cultivo y telón de fondo la
ilegalidad histórica en la que
operan segmentos enteros del
aparato estatal en sus tres
niveles y sus distintos poderes,
ilegalidad que se asocia con la
sustracción sistemática de
bienes públicos –los robos de
gasolina en gran escala son un
ejemplo–, los desvíos de
recursos, la extorsión a los
ciudadanos, las concesiones
fraudulentas de contratos de
obra pública, el contrabando, el
lavado de dinero y la
exasperante impunidad con la que
se cometen la mayor parte de las
violaciones a los derechos
humanos. Esos actos ilícitos, al
igual que los que se realizan en
el ámbito de las grandes
empresas privadas –van desde
defraudación a los consumidores
hasta evasión de impuestos– o en
el espacio del charrismo
sindical –heredado del pasado y
asumido como aliado político por
la actual administración–, son,
por sí mismos, mucho menos
violentos y más discretos que el
narcotráfico, el secuestro y el
asalto, pero incapacitan moral y
funcionalmente al poder público
para emprender una lucha creíble
contra la criminalidad más
visible.
A ello debe sumarse el hecho de
que ésta debe buena parte de su
margen de acción, su impunidad y
su poder de fuego a sus
articulaciones con los estratos
bajos, medios y altos de la
administración pública. No son
datos nuevos la pertenencia de
buena parte de los
secuestradores a las
corporaciones policiales
federales, estatales o
municipales, ni la compra de
tolerancias oficiales por los
cárteles para realizar sus
actividades ilícitas sin
obstáculos, ni el papel de las
fuerzas armadas como
entrenadoras involuntarias de
individuos que acaban operando
en cuerpos paramilitares al
servicio de los
narcotraficantes.
Por otro lado, si se parte de
una visión más general e
integradora que la que impera,
la actual ofensiva de la
delincuencia no debería
desvincularse de la catástrofe
social generada por el modelo
económico en vigor, el cual
empuja a millones de personas a
la economía informal, en el
mejor de los casos, pero también
a la emigración o a la
integración en organizaciones
criminales. Si el gobierno
federal no reorienta sus
prioridades económicas, si no
abandona el designio de
satisfacer los apetitos
–insaciables, por lo demás– de
los capitales financieros
nacionales y mundiales, y si no
empieza a combatir las
escandalosas carencias de
empleo, vivienda, salud,
educación y servicios que padece
la mayoría de la población, de
poco servirán las
restructuraciones de los cuerpos
de policía, las medidas pomposas
en materia de coordinación e
inteligencia ni la reasignación
de nuevas tareas policiales a
las instituciones castrenses, a
las que ya se pretende poner a
la cabeza de la lucha contra los
secuestros.
Por lo demás, las propuestas de
ampliar los castigos legales
para ciertos delitos –lo más
deplorable es la idea, tan
bárbara como demagógica, de
restablecer la pena de muerte en
el país– resultan meras
simulaciones en un entorno
institucional en el que, antes
que nuevas leyes, se requiere de
voluntad política y de ética de
gobierno para cumplir a plenitud
las ya existentes, empezando por
diversos preceptos
constitucionales que, hoy por
hoy, son letra muerta.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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