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¿Para qué una Comisión
"Imparcial" sobre Bagua?
Bartolomé
Clavero
ALAI AMLATINA
El Gobierno peruano parece
tomar la iniciativa. La ministra
de Justicia, Rosario Fernández,
ha anunciado que va a crearse la
"comisión imparcial" de
investigación de los sucesos de
Bagua recomendada por el Relator
Especial de Naciones Unidas
sobre la situación de los
derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas,
James Anaya, con representación
tanto indígena como
internacional. El anuncio parece
que no reza para otros miembros
del Gobierno, pues siguen
anticipando conclusiones por su
cuenta. Y el Gobierno aún no se
ha comprometido a poner en manos
de parte imparcial tanto la
composición como la definición
de los términos de referencia de
la Comisión. De otra forma, la
imparcialidad misma resultaría
radicalmente comprometida.
Por su parte, la Ministra del
Interior, Mercedes Cabanillas,
se comporta como si ya contase
con las conclusiones. Declara
que presentará al Congreso
"pruebas fehacientes" de la
versión oficial de los
acontecimientos de Bagua, la
versión que sienta, como diría
Federico García Lorca, que han
muerto más guardias que
cartaginenses y que además
entiende este presunto dato como
decisivo a la hora de calificar
los hechos. La Ministra del
Interior por lo menos es franca,
pues puntualiza que dará "todas
las explicaciones que me alcanza
la Policía Nacional". Aún más,
la Ministra responsabiliza a
indígenas, indígenas bajo la
influencia de "un complot
político", de las muertes de
Bagua conforme a tales
explicaciones, las policiales,
que tiene por "objetivas y
veraces". Con todo esto exime de
toda responsabilidad al
Gobierno.
Sobre dichos supuestos, ¿qué
idea puede tenerse sobre la
necesidad, la entidad y el
cometido de una Comisión
imparcial?
Ha dicho más la Ministra del
Interior, Mercedes Cabanillas:
"La policía no actuó sola,
porque previamente hubo
coordinaciones funcionales con
el Comando de las Fuerzas
Armadas, en base a
autorizaciones que se habían
gestionado con esas resoluciones
supremas", resoluciones a las
que ya se ha referido sin mayor
especificación. Así reconoce una
intervención militar que por
otra parte ha sido evidente y
que ha resultado fatal en la
provocación de muertes. Lo
importante resulta entonces que
esta participación se la
atribuya a "resoluciones
supremas", las cuales, en el
caso y conforme a los términos
de la Constitución, sólo pueden
ser las procedentes en forma
directa de la Presidencia de la
República. El Gobierno presidido
por Yehude Simon anda
descoordinado, pero se guarda
las espaldas. Si la Comisión
imparcial, esa comisión que no
haría falta según la Ministra
del Interior, llega a apreciar
alguna responsabilidad política
por la masacre de Bagua, la
misma ya se ve donde recae según
también la Ministra del
Interior, no en otra parte que
en la misma Presidencia de la
República, en el Presidente Alan
García.
Por si no fuera poca la
confusión producida por miembros
del Gobierno entre el anuncio de
la Comisión por la Ministra de
Justicia y el anuncio de las
conclusiones por la Ministra del
Interior, la Ministra de
Comercio Exterior y Turismo,
Mercedes Aráoz, echa su cuarto a
espada.
Declara que el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos
(TLC) está en peligro poniéndose
así en entredicho el crédito
internacional del Perú. Ya se
sabe que el Gobierno peruano, el
encabezado por Jorge del
Castillo con Alan García ya en
la Presidencia de la República,
sacó buen provecho de la entrada
en vigor del TLC para hacerse
habilitar por el Congreso con
unos poderes legislativos
extraordinarios, los poderes que
le permitieron la promulgación
de la serie de decretos
masivamente lesivos de derechos,
entre otros de derechos de
personas, comunidades y pueblos
indígenas.
Pues bien, la Ministra de
Comercio Exterior y Turismo
arguye ahora que con la
derogación ya habida de algunos
decretos no sólo impugnados de
parte indígena, sino también
cuestionados por la Defensoría
del Pueblo y por la Comisión
Multipartidaria ad hoc del
Congreso, detalles que la
Ministra calla, "el Perú está
incumpliendo" dicho tratado, con
lo cual, añade, los Estados
Unidos podrían imponer
sanciones. Increíble, pero
cierto, el argumento. Ante su
misma inverosimilitud, es
secundario, aunque
significativo, que el Embajador
de Estados Unidos en el Perú,
Michael McKinley, se haya
mostrado comprensivo con dicha
rectificación respaldándolo a su
modo incluso. Ha declarado:
"Apoyamos (los Estados Unidos)
los derechos de las comunidades
a ser respetadas" conforme a lo
que vaya a decidirse "entre el
pueblo y el Gobierno peruanos".
La Ministra peruana en cambio
pretende que ha tenido que
enviar una delegación al Senado
de Estados Unidos para explicar
la derogación de unos decretos,
lo cual es algo igualmente
inverosímil a la luz de las
propias obligaciones contraídas
con el TLC.
Dice más la Ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Mercedes
Aráoz.
Entendiendo siempre que así
tranquiliza a los Estados
Unidos, anuncia que su
ministerio ya está apresurándose
en la preparación de la
legislación que sustituya a los
decretos derogados. Resulta esto
sorprendente porque, dada la
materia, dicha tarea no es
competencia del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y
porque así además se sigue
flagrantemente ignorando el
derecho cuya conculcación ha
generado toda esta crisis, el
derecho de los pueblos indígenas
a ser consultados. Y la excusa
es siempre la de urgencia de la
satisfacción del libre comercio
comprometido con los Estados
Unidos. Hasta los Estados Unidos
lo tienen ahora más claro. Este
Gobierno del Perú parece estar
buscando la complicidad con unos
Estados Unidos que ya no
existen, los Estados Unidos del
Presidente George W. Bush.
¿Y dónde queda con todo la
Comisión imparcial, una comisión
que podría, entre otros
resultados, conducir a una
rectificación más amplia,
bastante más amplia, de toda la
legislación producida con la
excusa de la puesta en práctica
de TLC? Ésta es otra. El
Gobierno peruano está dando por
supuesto que la Comisión habrá
de ocuparse estrictamente de los
acontecimientos de Bagua, una
acontecimientos a los que
directísimamente se ha llegado a
partir del radical vuelco
legislativo acometido con la
excusa de puesta en marcha del
TLC y mediante la brutal
repercusión de este cambio en el
desmantelamiento de las
garantías de derechos de
personas, comunidades y pueblos
indígenas tan elementales como
el derecho a la tierra, al medio
ambiente, a los recursos
propios, a la salud o, en
definitiva, a la vida. Si la
Comisión no se ocupa de las
causas de lo acontecido en Bagua,
su labor será bastante vana.
El Gobierno aún se empeña en que
han caído más guardias que
cartagineses y en que es dato
decisivo para eximirle de toda
responsabilidad este que arroja
un marcador manipulado en un
partido entre muertos. Basta con
que la Comisión se sitúe y
recluya en este escenario
macabro para que la impunidad
siga reinando o, mejor dicho,
presidiendo en el Perú. Tales
son las perspectivas si la
iniciativa de la formación de la
Comisión se deja en manos del
Gobierno o incluso del Congreso
y no se toma de parte
internacional. De parte peruana,
el problema impeditivo no es
sólo de descoordinación patente,
sino también y sobre todo de
responsabilidades pendientes.
- Bartolomé Clavero es Miembro
del Foro Permanente de Naciones
Unidas
para las Cuestiones Indígenas.
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